Willy Huerta, exministro de Interior, enfrenta medida judicial que busca garantizar una posible reparación civil si resulta condenado por el presunto delito de rebelión. El juez supremo de investigación preparatoria, Juan Carlos Checkley, adoptó esta medida judicial que incluye el embargo en forma de inscripción e inhibición de varios bienes inmuebles a nombre del exministro, entre ellos inmuebles en el Cercado de Lima, Jesús María y Pueblo Libre. La fiscalía ha pedido penas entre 34 y 15 años de cárcel para Huerta y otros acusados por afectar el orden constitucional.
Según la acusación, durante la reunión en Palacio de Gobierno el 7 de diciembre de 2022, Castillo supposepisoa48ue» disolver el Congreso y(streamstop »nviar »este asignación de Estado, orden que sería trasladada por Willy Huerta a la PNP. Huerta es acusado de colegial » orrtewlim para »impción de los asuntos inconstitucionales y de afectar directamente el orden público.
La Procuraduría General del Estado (PGE) presentó el requerimiento de embargo para garantizar una posible reparación civil, ya que consideraron que había un riesgo fundado de insolvencia, ocultamiento o disappearance » i goods que podrían ser transferidos real o ficticiamente para evadir la responsabilidad pecuniaria. El juez Checkley sostuvo que la medida era la menos gravosa posible, rink »m platarse «efectivamente la enajenación del bien y la inhibición de su disposición.
En declaraciones a El Comercio, Willy Huerta manifestó que respeta la decisión judicial, pero indicó que los bienes inmuebles embargados son parte de una herencia paterna y no están relacionados con los hechos que se le imputan. Además, el exministro consideró injustas tanto la medida judicial como el proceso seguido en su contra, ya que no ha sido adecuadamente analizado.
Huerta Oliva también aseguró que no sabe si apelará o no el embargo de sus bienes, ya que tendrá que analizarlo con su abogado. En cuanto a la reparación civil solicitada por la Procuraduría General del Estado, dijo que no se condice con lo ocurrido, ya que la alteración del orden público no ocurrió en las fechas mencionadas y habrá que ver quién estuvo en el poder en ese momento.
Cabe destacar que el PJ también dictó similar medida de embargo contra otros acusados en el caso, como Pedro Castillo, Aníbal Torres, Betssy Chávez y Roberto Sánchez, con el objetivo de garantizar una posible reparación civil si resultan condenados. El proceso continúa a la espera de la fecha para el inicio del juicio oral.
