Mauricio Hernández Norambuena, exlíder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo (FPMR-A), ha interpuesto una querella contra el abogado Luis Hermosilla y el recientemente jubilado ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza. La acción judicial, presentada el 10 de marzo, es actualmente liderada por el fiscal César Urzúa de la Fiscalía Local de Santiago, quien mantiene un hermetismo total sobre el curso de la indagatoria.
La disputa central de la querella radica en el cumplimiento de las penas impuestas a Hernández Norambuena, conocido como “Ramiro”. Tras ser extraditado desde Brasil en 2019, donde cumplía condena por el secuestro del publicista Washington Olivetto, el exmiembro del FPMR-A sostiene que el ministro Carroza —quien en ese entonces investigaba los casos por el homicidio de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards— omitió abonar el tiempo que estuvo privado de libertad en Brasil bajo prisión preventiva. Según la defensa de Hernández, esta omisión representa tres años de cárcel adicionales que no le corresponderían cumplir.
Mauricio Hernández Norambuena fue protagonista de una de las fugas más emblemáticas de la historia judicial chilena: el 30 de diciembre de 1996, fue rescatado desde el patio de la antigua Cárcel de Alta Seguridad (CAS) mediante el uso de un helicóptero.
El querellante vincula esta supuesta irregularidad con la estrecha relación entre Luis Hermosilla y Mario Carroza, la cual ha quedado expuesta a través de filtraciones de chats. La querella argumenta que Hermosilla, quien actuaba como abogado de la familia Guzmán y asesor del Ministerio del Interior, mantenía una influencia indebida en el Poder Judicial, facilitando comunicaciones directas sobre nombramientos de ministros y gestiones administrativas en la Presidencia de la República.
La defensa de Hernández ha solicitado diversas diligencias, incluyendo la incautación de dispositivos electrónicos de Carroza y la toma de declaraciones a figuras como el exministro Andrés Chadwick y el exministro de Justicia Hernán Larraín. No obstante, el fiscal Urzúa ha rechazado gran parte de estas solicitudes, sugiriendo la necesidad de revisar la vigencia de la acción penal.
La designación de un fiscal local para este caso, a diferencia de otras investigaciones sobre el “caso audios” lideradas por fiscales regionales, subraya un desafío procesal significativo. La mención del fiscal sobre la “vigencia de la acción penal” sugiere que el Ministerio Público podría inclinarse por argumentar la prescripción de los hechos denunciados, lo que, de confirmarse, cerraría la puerta a una investigación de fondo sobre las presuntas influencias en la rebaja de las condenas de Hernández.
Lo que sigue
Dada la postura del fiscal Urzúa respecto a la posible prescripción de los hechos, es probable que la defensa de Hernández Norambuena insista en sus requerimientos para evitar que la causa sea archivada sin investigar las denuncias de corrupción. El futuro de la querella depende de si el Ministerio Público logra consolidar el argumento de la prescripción o si, por el contrario, los querellantes logran forzar la apertura de nuevas diligencias para analizar el contenido de las comunicaciones entre los involucrados.
Frequently Asked Questions
¿Por qué acusa Hernández Norambuena al exministro Carroza?
El querellante sostiene que Carroza, al rebajar sus condenas para facilitar su extradición desde Brasil, le habría negado el abono de aproximadamente tres años de prisión preventiva, perjudicando su tiempo de cumplimiento de pena.
¿Qué papel jugaba Luis Hermosilla en los hechos descritos?
Según la querella, Hermosilla actuaba como abogado de la familia Guzmán y asesor del Ministerio del Interior, manteniendo una relación estrecha con Carroza que, a juicio de los querellantes, influyó en decisiones judiciales y gestiones de nombramientos en la Corte Suprema.
¿Qué ha respondido el fiscal a cargo?
El fiscal César Urzúa ha rechazado gran parte de las diligencias solicitadas por la defensa de Hernández, argumentando la necesidad de revisar la vigencia de la acción penal, lo que ha generado sospechas de una posible intención de aplicar la prescripción de los hechos.
¿Considera usted que la revelación de chats privados entre figuras judiciales y políticas debería ser suficiente para abrir investigaciones de oficio sobre fallos judiciales pasados?
