La campaña presidencial de Juntos por el Perú (JP) enfrenta cuestionamientos tras revelarse que el candidato Roberto Sánchez y su plancha presidencial han utilizado vehículos vinculados a personas con antecedentes por narcotráfico y presuntas organizaciones criminales durante sus recorridos proselitistas.
El pasado 28 de mayo de 2026, durante un acto de campaña en Huánuco, el candidato fue captado movilizándose en una camioneta Toyota Hilux blanca, de placa BSJ-701. Registros públicos confirman que el vehículo pertenece a Miller Kelvin Claudio Martel, quien fue intervenido en 2010 transportando 14 kilos de pasta básica de cocaína ocultos en cajas de alimentos y frazadas.
Patrones de transporte bajo la lupa
Consultado sobre el origen del vehículo, Kelvin Claudio Martel admitió haber tenido un “percance” hace 15 años. Respecto a su vinculación con la campaña de JP, el propietario indicó que el servicio fue un “encargo de su tío”, a quien identificó únicamente como “Marco”, sin detallar quién financia la logística de estos traslados.
Este no es un evento aislado. El 25 de enero, en Piura, Sánchez utilizó otra camioneta Toyota Hilux, registrada a nombre de la empresa Inmobiliaria y Constructora El Ángel S.A.C., propiedad de José Práxedes Feria Madrid. Feria ha sido señalado por el Ministerio Público como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de tierras y falsificación documentaria, además de enfrentar procesos judiciales por colusión agravada y asociación ilícita.
Did You Know? El uso de vehículos en campañas electorales es considerado legalmente como un aporte en especie. Sin embargo, en los reportes presentados por Juntos por el Perú ante la ONPE, no se han consignado debidamente estas unidades, registrándose únicamente un gasto de transporte por S/ 3.000 a nombre de un tercero ajeno a las placas identificadas.
Implicancias y posibles escenarios
La falta de transparencia en el registro de estos aportes, sumada a la naturaleza de los vínculos de los propietarios de los vehículos, podría derivar en una fiscalización más rigurosa por parte de las autoridades electorales. Dado que se ha documentado la participación de al menos siete empresas y diez propietarios distintos en el traslado del candidato, es posible que el partido deba aclarar la procedencia y el financiamiento de toda la logística de la denominada “Ruta Castillista”.
Expert Insight: Desde una perspectiva periodística, la recurrencia en el uso de vehículos vinculados a individuos bajo investigación judicial plantea interrogantes críticos sobre los controles internos de financiamiento de campaña. La omisión de estos activos en los reportes oficiales no solo contraviene la normativa de transparencia electoral, sino que también expone al candidato a un escrutinio público permanente sobre sus alianzas logísticas y la ética de su financiamiento político.
Frequently Asked Questions
¿Qué relación tienen los dueños de los vehículos con actividades ilícitas?
Los propietarios identificados tienen antecedentes documentados: uno fue detenido con 14 kilos de pasta básica de cocaína en 2010, y el otro es señalado por el Ministerio Público como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de tierras y otros delitos.
¿Ha respondido el partido Juntos por el Perú sobre estos hallazgos?
Hasta el cierre de la investigación, el partido y su vocero, Ernesto Zunini, no han brindado descargos ni explicaciones sobre el uso de estos vehículos en la campaña.
¿Están registrados estos vehículos en los reportes de campaña ante la ONPE?
No. Los vehículos no han sido consignados como aportes en especie, y los registros de gastos de transporte presentados por el partido no coinciden con las placas de las unidades utilizadas.
¿Qué importancia considera usted que tiene la transparencia en el uso de recursos logísticos durante una campaña presidencial?
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